FCPA enforcement en LATAM: señales lingüísticas que encienden alarmas en el DOJ

Aviso legal: Este contenido es información educativa sobre regulación de compliance y no constituye asesoramiento legal. Los requisitos específicos varían según jurisdicción, sector e historial de la empresa. Consulta con tu asesor legal certificado antes de implementar cambios. Autor: equipo editorial de vario.

El alcance extraterritorial de la FCPA

La Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) fue promulgada en 1977 y su aplicación extraterritorial se intensificó drásticamente desde fines de la década de 2000, con más de una década de enforcement récord.

La ley alcanza a las empresas con valores cotizados en bolsas estadounidenses (issuers), a las personas y sociedades constituidas en EE.UU. (domestic concerns) y a quienes realicen actos vinculados al esquema corrupto en territorio estadounidense. Sobre esa base, el DOJ y la SEC han sostenido teorías jurisdiccionales amplias: pagos en dólares compensados a través de bancos corresponsales en EE.UU. o correos ruteados por servidores estadounidenses han bastado como nexo en varios casos, aunque los tribunales han puesto límites a las interpretaciones más expansivas, en particular respecto de personas extranjeras que actúan enteramente fuera del país.

Para las empresas latinoamericanas con operaciones internacionales, el riesgo FCPA no es teórico. Odebrecht se declaró culpable ante el DOJ y acordó una sanción global de USD 2.600 millones repartida entre Brasil, Estados Unidos y Suiza, la mayor resolución por soborno transnacional de la historia junto con Braskem (cerca de USD 93 millones correspondieron a las autoridades estadounidenses y alrededor del 80% del total fue a Brasil). SBM Offshore, empresa holandesa sancionada en parte por sobornos a funcionarios de Petrobras, pagó USD 238 millones al DOJ. LATAM Airlines pagó cerca de USD 22 millones entre el DOJ y la SEC por pagos canalizados en Argentina a través de un contrato de consultoría ficticio. Todos estos casos surgieron de conductas que comenzaron como conversaciones privadas entre ejecutivos.

Qué cambió en 2025, y qué no

En febrero de 2025, una orden ejecutiva pausó las investigaciones y acciones de enforcement bajo la FCPA por 180 días. En junio de 2025, el Departamento de Justicia emitió nuevas directrices que reanudaron el enforcement con prioridades más selectivas: carteles de la droga y organizaciones criminales transnacionales, conductas que perjudican la competitividad de empresas estadounidenses, seguridad nacional y sectores estratégicos, y casos graves con indicios claros de intención corrupta de individuos. En paralelo, quedaron despriorizadas las cortesías de bajo monto y las investigaciones corporativas prolongadas sin evidencia de conducta sistémica.

El resultado a mediados de 2026: el DOJ cerró aproximadamente la mitad de las investigaciones FCPA heredadas de la administración anterior, y el ritmo de acciones corporativas bajó de forma notoria.

La lectura tentadora para un directorio es que la FCPA dejó de ser un problema. Es una lectura peligrosa, por cuatro razones concretas:

El enforcement no se detuvo, se reorientó. El propio DOJ describe el cambio como un pivote, no una retirada, y en 2025 hubo acciones corporativas nuevas, incluida la primera acusación formal contra una empresa por FCPA en quince años.
El soborno que distorsiona la competencia es prioridad explícita. Una licitación latinoamericana ganada con pagos indebidos frente a un competidor estadounidense encaja exactamente en el supuesto que las directrices de 2025 marcan como prioritario.
Los plazos de prescripción exceden un ciclo político. La FCPA admite persecución de conductas de hasta cinco años atrás, extensibles a ocho en ciertos supuestos con las disposiciones contables. Lo que hoy no se investiga puede investigarse bajo la próxima administración.
La FCPA no es la única exposición. La SEC conserva jurisdicción sobre los emisores, y las leyes anticorrupción locales siguen plenamente vigentes: la Lei 12.846 en Brasil, la Ley 20.393 y el nuevo régimen de delitos económicos en Chile, la Ley 27.401 en Argentina.

Apostar a que la pausa es permanente es apostar la empresa a un ciclo político.

Los patrones lingüísticos documentados en casos FCPA

Los statements of facts de los casos resueltos muestran algo consistente: las conversaciones corruptas rara vez usan la palabra "soborno".

El caso Odebrecht es el ejemplo más nítido. La empresa mantuvo una División de Operaciones Estructuradas, un departamento formal dedicado a gestionar pagos indebidos, con un sistema de comunicaciones paralelo y nombres en clave para identificar a los receptores. En el caso de LAN Airlines, el vehículo fue un contrato de consultoría ficticio que canalizaba el dinero hacia terceros.

A partir de esos casos y de la experiencia de los equipos de compliance de la región, los disfraces habituales en comunicaciones en español incluyen:

"Comisión" o "comisión especial": cuando se usa en contextos donde no existe un agente de ventas legítimo registrado
"Gastos de relaciones" o "gastos de protocolo": pagos a funcionarios presentados como entretenimiento
"Honorarios de consultoría": pagos a empresas pantalla controladas por funcionarios públicos o sus familiares
"Arreglar el tema" o "destrabar" en referencia a procesos regulatorios o licitaciones
"Facilitación" o "gestión" cuando se refiere a influir en decisiones de funcionarios

Patrones de comunicación de alto riesgo

Más allá del vocabulario específico, las investigaciones revelan patrones estructurales que operan como señales de alerta:

Cambio repentino de canal: la conversación se mueve del email corporativo a WhatsApp o Signal. Desde 2023, la guía de compliance del DOJ dedica una sección específica a las aplicaciones de mensajería efímera: los fiscales evalúan si la empresa preserva esas comunicaciones, y no poder producirlas durante una investigación pesa en contra al medir su cooperación.
Instrucciones de no dejar rastro: frases como "esto lo hablamos en persona" o "no pongas esto en un email" aparecen repetidamente en los intercambios previos a actos de corrupción documentados.
Circuitos de aprobación atípicos: pagos que eluden los procesos normales de aprobación de gastos, o contratos que no siguen los protocolos estándar de procurement.
Referencias a terceros sin identificación clara: menciones a "el contacto", "el amigo del ministro" o "la persona que nos ayuda" sin identificar al receptor.

El rol del compliance officer ante la FCPA

Desde la perspectiva del DOJ, la existencia de un programa de compliance efectivo es uno de los factores que más influye en la decisión de perseguir criminalmente a una empresa o negociar un acuerdo.

La Evaluation of Corporate Compliance Programs de la Criminal Division del DOJ, actualizada en septiembre de 2024, establece explícitamente que los fiscales evaluarán si el programa tiene mecanismos de detección que funcionen en la práctica, no solo en papel. Esa versión reforzó tres puntos que interesan directamente a un CCO:

Que compliance tenga acceso a los mismos datos que el negocio y capacidad de analítica sobre ellos
Que la empresa gestione los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial y tecnologías emergentes
Que existan políticas reales de preservación de comunicaciones, incluidas las de mensajería efímera

Para el CCO de una empresa con exposición FCPA, la implicación es directa: la capacidad de detección documentada no es solo una herramienta interna, es potencialmente la evidencia más poderosa de diligencia debida ante una investigación.

Qué deberías hacer hoy

Si tu empresa tiene cualquier nexo con EE.UU. (filiales, socios, inversores, procesamiento de pagos en USD), la exposición sigue siendo real, aunque el ritmo del enforcement haya cambiado. Los pasos mínimos:

Mapear los nexos: identificar todos los puntos de contacto con jurisdicción FCPA
Revisar los procesos de pagos a terceros: especialmente consultores, agentes e intermediarios
Implementar formación específica para equipos que interactúan con funcionarios públicos
Activar monitoreo de comunicaciones en las áreas de mayor riesgo: ventas, procurement y relaciones gubernamentales
Verificar la política de preservación de mensajería corporativa, incluido lo que ocurre con las aplicaciones efímeras

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